Artículo de Manuel Martín Ferrand publicado en ABC el 6 de diciembre de 2008

       Todo cuanto tiene de elástica ambigüedad el Título VIII de la Constitución que hoy celebramos, el que se refiere a la organización territorial del Estado, lo tiene de pétrea vocación de eternidad el Título X, el que marca el procedimiento de las hipotéticas reformas constitucionales y lo hace con tanta rigidez que, en la práctica, las convierte en inviables. Esa es la nuez del problema y, para mayor dificultad, el eje en torno al cual, durante los últimos treinta años, España ha experimentado una benéfica transformación y es hoy, envuelta en dificultades, contradicciones e impulsos centrífugos, una Nación relevante en el mismo ámbito en el que antes era únicamente un destino turístico apetecible gracias al sol y al orden garantizado por una férrea dictadura.

       Sería injusto, y más en un día como hoy, negarle a la Constitución de 1978 el mucho mérito que tiene y dejar de reconocer su valor germinal para la transformación, cuasi mágica, de un sistema totalitario a algo equiparable, aunque menos representativo en razón del sistema electoral, a las democracias occidentales; pero sería insensato no advertir que ese texto, fruto del consenso y condicionado por las circunstancias, no da ya más de sí. Las lecturas que de él se han hecho y las mutaciones fácticas que imponen las reformas estatutarias en varias Autonomías han adelgazado el espíritu unitario inicial y, de hecho, lo han modificado en sus esencias fundamentales.

       Ahora, cuando una crisis global y otra interna zarandean el bienestar nacional, vuelve a hablarse de una reforma constitucional. Cuidado. La Constitución vigente es más fácil cambiarla por otra, por una surgida de un periodo constituyente –algo que formalmente no tuvo la del 78–, que recomponerla en algunos de sus artículos. El consenso que, con pocas excepciones, arropó a los redactores del texto que hoy se celebra y conmemora ya no es posible. Paradójicamente, es el desarrollo del Título VIII el que lo impide. Los intereses diferenciales y/o caciquiles que han anclado en muchas parcelas del puzzle nacional –no únicamente los de tradición nacionalista– convierte en irreal cualquier intento renovador que vaya más allá de la modificación de la norma de sucesión de la Corona para acabar con la discriminación que exige el planteamiento en vigor.

       Una modificación de la Constitución como la que demandan amplios sectores de la sociedad, exige tales mayorías y tal capacidad de renuncia a los padres de la Patria, que resulta más sencillo esperar una epidemia de sentido común que nos lleve a todos a anteponer los intereses generales y comunes de la Nación a los de la Autonomía correspondiente y, más difícil todavía, a los de las familias políticas de cada circunscripción territorial. Aún así es imprescindible una nueva Constitución. Algo más que un lifting de la vieja.

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