Artículo de Manuel Martín Ferrand publicado en ABC el 23 de febrero de 2006

  

     Son muchos los españoles bien pensantes, gentes distantes, por la izquierda y la derecha, de los grandes partidos, que creen sinceramente que la unidad de España corre peligro. Es más, la Constitución del 78, entendida hasta ahora como la benéfica grapa capaz de encuadernar en un solo tomo nacional los diecisiete cuadernillos autonómicos que de ella se derivan, va perdiendo devotos o, cuando menos, esa devoción se enfría y aligera. El plan de “desfederalización” con el que Ángela Merkel trata de devolver a Alemania su vigor pasado es visto desde aquí con admiración y envidia y, lejos de aprender de la primera de las naciones continentales, nos entregamos a un frenesí de reformas estatutarias que terminarán por dejar sin contenido al Estado.

       Los oscuros ejercicios que, sin descanso, lleva a cabo José Luis Rodríguez Zapatero para reforzar su debilidad parlamentaria y entenderse con las fuerzas más centrífugas de la Nación aporta confusión al patio nacional y, al tiempo, los dichos y los hechos de los partidos separatistas, crecientemente impertinentes en la proclamación de sus ideas, convierten la confusión gubernamental en riesgo cierto. Una Nación como la nuestra tiene difícil pronóstico de futuro si concentra su principal actividad política, muy lejos de la demanda social, en el debate sobre su propio territorio y el reparto de sus correspondientes poderes.

       En esas estamos, en el temor fundado, cuando la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, trata de serenarnos el ánimo, en el transcurso de uno de esos desayunos que ya forman parte del folclore madrileño, diciéndonos que “existiendo Tribunal Constitucional, no peligra la unidad de España”. Hace falta ser muy voluntarioso, o voluntariosa como corresponde al caso, para confundir el instrumento con la melodía; pero es que, además, el Tribunal que ella preside y que muy poco ha aportado en su corta historia a la causa de las libertades, siempre entre la tibieza y la componenda, es absolutamente prescindible, con unidad nacional o con dispersión autonómica.

       Parece que los padres de la Constitución, en el esplendor de la Transición, recorrieron los supermercados democráticos occidentales y se trajeron a casa todo cuanto se lleva por el mundo, desde un Senado sin sentido a un innecesario Defensor del Pueblo pasando por un Tribunal Constitucional. Son piezas ajenas a nuestra tradición, difíciles para nuestro temperamento cívico, costosas en nuestro Presupuesto y absorbentes de funciones y responsabilidades que mejor cabrían en instituciones más clásicas de nuestro diseño nacional. La tarea del Tribunal Constitucional, por ejemplo, encontraría su mejor acomodo en una sala especial del Supremo. La simplificación y sencillez de las instituciones del Estado subrayada por su fortaleza son el cimiento de una sociedad libre y unida. No los sermones.